Introducción: El 11 de marzo del 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote de Covid-19 como pandemia, al día siguiente en nuestro país, se amplió la emergencia pública sanitaria. La pandemia del Covid-19 generó un contexto de incertidumbre, por lo excepcional de la situación y por el desconocimiento respecto de la enfermedad. Es por eso que el gobierno adoptó medidas que consideraba pertinentes para el cuidado de la población, que pretendían frenar la propagación del virus. La emergencia sanitaria trajo consigo cambios abruptos en la vida cotidiana, ante la masividad de los contagios y el desconocimiento sobre el virus, el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO)1 fue visto por muchos países, como la única herramienta que permitía ganar tiempo para pensar estrategias y políticas públicas que pudieran ayudar a atravesar un contexto inusual e inesperado. Los sistemas educativos por sus dimensiones y alcances, fueron una de las actividades que primero se detuvieron, ya que hacerlo permitía que buena parte de la población no circulara, y de este modo, se frenaría la cadena de contagios (Quezada en Dussel et al., 2020). Otro de los motivos por los que la escolarización se vio afectada, fue por la imposibilidad de asegurar la distancia mínima requerida para garantizar las condiciones necesarias para evitar riesgos de contagio en la comunidad educativa; es por eso que, las jurisdicciones tuvieron que suspender las clases presenciales y diseñar estrategias para la continuidad pedagógica a distancia (Gluz et al., 2021). La situación implicó la modificación del trabajo institucional dentro de las escuelas para ser realizado ahora desde las viviendas de los docentes, utilizando sus propios recursos. Este cambio, provocó modificaciones en la organización de la labor de los educadores, produciendo nuevas exigencias que superaban lo estrictamente pedagógico (Puiggrós et al., 2022).